Washington — La Corte Suprema permitió el lunes a la administración Trump hacer cumplir su esfuerzo más ambicioso hasta ahora para restringir la inmigración legal.

En un fallo de 5-4, el tribunal superior de inclinación conservadora aprobó aprobó la solicitud de la administración Trump de dejar a un lado un fallo de un juez federal que bloquea la llamada regulación de «carga pública», mientras que los méritos del caso continúan siendo discutidos en los tribunales inferiores.

Al ampliar drásticamente la definición de «carga pública, o carga económica para la sociedad, la regulación de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) presentada en agosto otorga a los funcionarios más poder para denegar visas y solicitudes de tarjeta verde de inmigrantes y posibles inmigrantes a quienes el gobierno determina depender, o podría depender, de ciertos beneficios públicos como cupones de alimentos y programas gubernamentales de vivienda.

La administración Trump ha defendido las nuevas restricciones como una forma de garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes. Pero los opositores creen que la política es un intento de la Casa Blanca de eludir las leyes aprobadas por el Congreso al instituir una prueba de riqueza diseñada para limitar la inmigración de las personas más pobres de los países en desarrollo.

Poco después de que se publicara su versión final el verano pasado, la regla de «carga pública» fue bloqueada en la corte, y un juez federal la llamó «repugnante para el sueño americano». Sin embargo, en las últimas semanas, los tribunales de circuito levantaron tres de los cuatro mandatos a nivel nacional en su contra, dejando solo una orden de un juez federal en Nueva York.

A principios de enero, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema que anule el resto de la orden judicial a nivel nacional — una solicitud que ahora se ha otorgado. Los funcionarios de inmigración de los EE. UU. ahora podrán implementar las nuevas restricciones en cada parte del país, excepto Illinois, donde la regla aún está bloqueada bajo un mandato estatal.

En una opinión concurrente a la que se unió el juez Clarence Thomas, Gorsuch expresó su profunda preocupación por los jueces de los tribunales inferiores que emiten medidas cautelares en todo el país que «trascienden los casos que tienen ante sí». Dijo que tanto el gobierno como aquellos que lo demandan están atravesando casos con implicaciones nacionales con la esperanza de obtener fallos de emergencia, en lugar de «desarrollar argumentos metódicamente».